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Qué puede solicitar una empresa y qué no a la hora de acudir a una entrevista de trabajo.

15 de cada 100 españoles considerados población activa buscan cada día trabajo. Esto es origen de muchos negocios, entre ellos, la intermediación de currículums y ofertas, los cursos de formación para incrementar las expectativas de obtener un trabajo o el coaching que anima al autoempleo. Pero, aparte de todos estos que florecen dentro de la legalidad, surgen listillos que intentan aprovecharse de la desgracia ajena cometiendo un delito de masa.

Escribo este post a raíz de la consulta que ha realizado en el grupo de Oferta y demanda de empleo en Granada una trabajadora del sector hortofrutícula que pedía consejo acerca de una oferta de trabajo en una envasadora. Sus miedos procedían de una serie de peticiones que realizaba la manceba que la atendió. Lo cierto es que hasta a la hora de mandar un Curriculum y que este sea tomado en cuenta debemos expresar que cedemos los datos a la empresa receptora. Pero vamos con las solicitudes que se hacen pisando el parqué de la PYME española, la verdadera generadora de empleos.

“La empresa me pide una copia del DNI por ambas caras”.

Es legal, pero siempre debe realizarse conforme a lo establecido en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)
Reglamento relativo a la protección de los datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE que es el que garantiza los derechos de todas las personas que ceden un dato en el Espacio Económico Europeo y Suiza a una persona jurídica, sea una Empresa o una Administración Pública.

El cedente del dato (en este caso el solicitante del empleo) tiene que consentir expresamente la cesión de datos (por eso al acceder a esta página has aceptado una “Política de Cookies y Privacidad”, que garantiza que tus datos no van a ser usados con otros fines distintos a los expresos, y que, en caso contrario, se puede solicitar la tutela administrativa o judicial).

“La empresa me pide el certificado de antecedentes penales”.

También es legal, y muy recomendable ponerlo de nuestra parte de cara a mejorar nuestras posibilidades de conseguir ese ansiado empleo. Al igual que con el DNI, deberemos prestar nuestro consentimiento expreso a la protección de datos. Sería conveniente también por nuestra parte leer y guardar las condiciones sobre la protección de esos datos, esos textos tan engorrosos que acaban con una casilla que reza “Acepto que mis datos sean tratados conforme…”. La tasa por la expedición del certificado de antecedentes penales es de 3,78€. Las personas decentes y honradas no tienen nada que perder con él, y sí mucho que ganar.

“La empresa me pide que haga un depósito de 10€ antes de ir a la entrevista”.

Depende del caso, ya que no es lo mismo una empresa pública que una privada.

Aunque la OCU haya puesto el grito en el cielo porque RENFE solicitara diez euros para cubrir 57 vacantes, todo apunta a que, al tratarse de una Entidad Pública Empresarial, esta invoque las mismas prerrogativas que el Estado cuando concurrimos a una oposición.

Sobre las empresas privadas, esta figura del abono o depósito de una cantidad para el proceso de selección es alegal. Nuestra legislación no la contempla ni la prohíbe.

Debemos tener claro para qué se requiere ese depósito o cantidad a pagar. Y no hay nada mejor que leer las aburridas letras del final de la web. Si nos lo dicen de palabra, hemos de solicitar por escrito a qué se va a destinar esa cantidad.

Si alegan que deben realizar gestiones de trámite y vemos que son costosas, tenemos el derecho a conocer qué gestiones son. En el caso que exponía la compañera, la cantidad exigida por solicitar el certificado de antecedentes penales es exagerada (25€ que pedían frente a los 3,78€ de la tasa más una cantidad razonable por el trámite, el gestor come y tiene casa).

En caso de que la veamos en una web de anuncios de empleo o nos la remitan por WhatsApp, debemos someterla a un pequeño test para determinar si las ofertas son o no ficticias, o si se trata de un curso de formación encubierto:

  1. Copiar y pegar el texto de la oferta en Google. Si vemos que la oferta está tal cual en la web oficial o perfil oficial de la multinacional en cuestión estamos ante una oferta real. Lo ideal será no llamar al número que nos aparezca en WhatsApp, sino solicitar el empleo por el cauce oficial. En caso contrario, estaremos ante un delito masa de estafa. Nos evitaremos tan amargo trago como el que se llevaron los aspirantes a Carrefour cuando los entrevistadores ni se presentaron y habían pagado 10€ a unos estafadores. De las experiencias ajenas previas se puede aprender, y mucho. Y de nuestra mala experiencia, mucha gente puede aprender. Para que no vuelva a suceder a nadie, lo mejor es recabar todos los datos y presentarse en la Comisaría o Comandancia más cercana.
  2. Alternativamente, debemos realizar un chequeo de las condiciones que aceptamos al realizar el pago por acudir a la entrevista. Aquí debemos distinguir entre lo que es un contrato de “depósito“, el cual deberá sernos devuelto en caso de cumplir con nuestra obligación de asistir a la entrevista (sí, ¡tener a un empleado de RRHH no es gratis y que de 100 candidatos se presenten 5 supone un esfuerzo para ese empleado que ha analizado curriculums!). Si, por el contrario, vemos las palabras “contrato vinculado de formación y prácticas“, “prácticas condicionadas a la suscripción de un curso” o similares, por mucho que nos empeñemos en haberlo visto en una web de empleo, es lo que es: pagar por un curso que te da unas prácticas que te dan la esperanza de un empleo.

Como digo siempre, lo mejor es estar ojo avizor porque prevenir es mejor que pleitear.

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